Nicaragua se encuentra en una crisis social, económica y política desde el mes de abril del 2018. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado casos en los que el gobierno de Nicaragua ha sido responsable de violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía en general, estudiantes, empresarios, iglesia católica, periodistas y medios de comunicación independientes, incluso trabajadores del Estado.

En toda esta situación destacan intentos por “criminalizar el ejercicio periodístico” de medios de comunicación y periodistas independientes que se han dedicado a informar a la ciudadanía acerca de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país desde abril de 2018, o aquellos que han mantenido un enfoque crítico sobre la gestión gubernamental a lo largo de los 12 años que el gobierno tiene en el poder.

En ese sentido, este informe de derechos humanos se enfoca en sistematizar y presentar la situación de la libertad de prensa en Nicaragua, y, sobre todo, los riesgos a los que se exponen los hombres y las mujeres periodistas, los cuales van desde la destrucción de medios de comunicación, el robo de equipamiento básico para sus labores (cámaras, computadoras o teléfonos celulares), hasta amenazas, agresiones físicas y verbales, encarcelamientos y asesinatos.