A tres años del 18 de abril del 2018 los efectos inmediatos de la represión: 328 muertos, casi todas ejecuciones extrajudiciales; más de 2000 lesionados, decenas de discapacitados; 1614 presos políticos torturados y procesados arbitrariamente; más de 100,000 nicaragüenses se vieron obligados a salir de Nicaragua para salvar sus vidas, todo esto permanece en la impunidad.

Esta ha sido favorecida con la ausencia de investigación, sanción a los culpables, donde los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos siguen siendo protegidos por el actuar del Sistema de Administración de Justicia sobre todo el Poder Judicial que mantiene una interminable espiral de abusos con el encubrimiento de los responsables, acusando a inocentes a quienes se les viola el debido proceso, la presunción de inocencia, se les tortura y somete tanto a ellos como a sus familiares a tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

En el año 2020, las modalidades de represión fueron creciendo y marcando otras etapas y tendencias que mantienen un estado de excepción de facto, llamado así por la CIDH. 

Desarmar y desmantelar a los grupos armados progubernamentales ha sido una demanda constante por la militarización en las ciudades con la presencia y movilización de policías de línea, antimotines, fuerzas parapoliciales y de choque con comportamiento “paramilitar” impidiendo el derecho a la libertad de circulación, movilización y expresión, para ellos todos somos sospechosos, en una clara criminalización y violación de nuestro derecho a la presunción de inocencia, lo que constituye un grave atentado contra las libertades públicas.