El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el seguimiento de la situación en el país, registra hasta 2020, además de las 328 personas asesinadas en el marco de la represión de 2018, más de 100 prisioneros políticos que continúan arbitrariamente detenidos y más de 100.000 personas obligadas al exilio. Dichas violaciones siguen impunes.
A la vez, en 2020 se siguen implementando acciones para impedir los derechos de manifestación, de protesta, de libre tránsito y de libertad de asociación y se han intensificado los sistemas de inteligencia, persecución, hostigamiento, estigmatización, despidos de los centros de trabajo, expulsión de los centros educativos, detenciones y ejecuciones extrajudiciales selectivas de personas consideradas como oponentes al gobierno.
Es en este escenario que la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro en Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) publican el presente informe.
Este informe ha sido el resultado de un trabajo de monitoreo de la situación de Nicaragua en el período 2018-2020 realizado por los equipos del CENIDH y de la FIDH. El informe se desarrolla en tres apartados. En el primer apartado se expone una síntesis de la génesis y consolidación de la política de represión del régimen Ortega-Murillo, presentando elementos de contexto relevantes para comprender la forma en que se ha ido configurando el poder estatal y paraestatal antes y después de abril de 2018; aspectos que permiten comprender que los ataques a manifestaciones, a tranques y a personas consideradas enemigas del régimen, no han sido casuales, sino que forman parte de una política estatal que se ha venido configurando desde el año 2007, fecha en la que reasumió la presidencia de la República el señor José Daniel Ortega Saavedra.
Dicha configuración del poder estatal y paraestatal ha permitido establecer los factores que han incidido para que la represión y las graves violaciones de los derechos humanos se hayan mantenido hasta la presentación de este informe, viéndose exacerbadas este año a causa de la pandemia del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.