La población, en general, sigue tratando de implementar sus propias medidas de protección para evitar la propagación del virus, ante la falta de orientaciones, políticas claras y acciones del gobierno; no obstante, se siguen observando aglomeraciones, actividades que se desarrollan de forma “normal”, asistencia a clases en el sistema público (al menos un 40% de asistencia estudiantil) y funcionarios o trabajadores afines al gobierno que continúan negando el impacto de la pandemia en Nicaragua, aunque en menor medida de cómo lo hacían en marzo del 2020, como fue documentado en la primera parte del reporte “La experiencia de Nicaragua en el manejo de la Pandemia”.

En esta segunda entrega, el Observatorio de Derechos Humanos, ha continuado sistematizando los principales hechos en torno al COVID-19 y su impacto en Nicaragua, enfocándose en las medidas adoptadas por el gobierno, las cifras oficiales en contraposición con los datos independientes, las afectaciones de la crisis de salud en otros ámbitos, las recomendaciones de diversos sectores para el abordaje de la pandemia en el país y las violaciones a los derechos humanos que esto ha conllevado en el mes de abril de 2020.